La guerra de la uva
Ésta es una guerra sostenida, sin cuartel y en un territorio que suma tres fronteras a lo largo de más de 2.500 kilómetros. Se halla en disputa un mercado anual estimado en 12 millones de botellas de vino y 82 mil toneladas de uva (1). A ello se debe añadir el grupo de singanis y “mezcladores”, cuya compleja cuantificación queda pendiente aún para los analistas más especializados y del sector. (2)
A momentos la batalla parece en extremo desigual. “Llévese esta dama Juana, doncito. Le va a alcanzar para un montón. Si quiere le hago precio, llévesela a 25 bolivianitos”, ofrece una comerciante de la feria la Víbora Negra en Tarija. El envase contiene cinco litros de vino argentino “Viejo Tonel”, es decir, que el litro vale escasos cinco bolivianos, incluida la ganancia del comerciante. Sus más cercanos competidores nacionales resultan las botellas de 700 mililitros de vino que cuestan 15 bolivianos. La diferencia final: Hablando de precios, el vino boliviano, en el mejor de los casos vale tres veces más que el argentino de contrabando.
En la propia Tarija, indiscutible capital de los singulares productos de la vid bolivianos, no resulta difícil hallar bebidas como el “Ron Pampeño”. Su precio, 12 bolivianos más un vaso de regalo, mueve a pensar en una ganga o en un engaño. Su fama en Tarija, de haber causado graves intoxicaciones en jóvenes que llegaron a casos de tres días de ceguera parcial, responde a la duda. El “Ron Pampeño” compite con el singani nacional más barato, clase etiqueta azul, cuyo costo promedio bordea los 22 bolivianos.
Sin embargo, el mentado ron es apenas uno de los peligrosos mezcladores que, entre variopintas “piñas coladas”, “licores”, “rones” y “aguardientes” pervierten el mercado.
Incluso, en el Registro de Bebidas Alcohólicas Importadas del Senasag (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria) es posible encontrar licores de características sorprendentes. En la lista, con el número 334, se halla registrado un tipo de singani con origen en China (3). Es más, en el Registro de Bebidas Analcohólicas Importadas de dicha institución se anota, con el número 73, “Dos Pinos”, una “bebida alcohólica (SIC) con sabor singani” (4).
Mientras tanto, entre enero y febrero las ferias de La Paz y Oruro ya empezaron a ser copadas por racimos de la denominada uva de “descarte” o de “deshecho”. Son aquellos que, luego de la cosecha de exportación standard para Europa o Asia, los productores chilenos dejan a los contrabandistas bolivianos. “Todo esto viene de Chile y también llega de Perú. La tarijeña recién aparece para febrero”, señala una vendedora del mercado Bolívar de Oruro. En ninguna de las cajas se advierte sello o etiqueta de importación alguna.
PRODUCTORES VERSUS “GREMIALISTAS”
La guerra de la uva boliviana va mucho más allá de los precios y los espacios. Pugnan nutridos sectores sociales y visiones económicas absolutamente contrapuestas. En un frente se ubican más de 3.000 familias de productores y empresarios vitivinícolas.
A ellos se suman transportistas, técnicos, comercializadores y negocios asociados, incluido el sector turístico (Ver recuadro 1).
En el otro, emerge uno de los sectores más fuertes y masivos del mundo informal de la economía boliviana: los “gremialistas”, eufemismo que en el caso del comercio de bebidas alcohólicas reemplaza a la palabra “contrabandista”.
Según una investigación de la Ayuda Obrera Suiza, respaldada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Bolivia, el 73 por ciento de la población económicamente activa trabaja en el sector informal. Esto equivale a casi 3,7 millones de personas. Se estima que cerca de un 4,5 por ciento de ese total, 166.500 personas, se dedican al comercio de bebidas alcohólicas. La capacidad de movilización económica, social y política de estos sectores resulta proverbial en Bolivia.
Entre ambos frentes, las autoridades estatales transitan un límite llamado indiferencia, muchas veces hacia la complicidad, otras hacia las redadas eventuales y las incautaciones de ocasión. Un cálculo relativamente simple de las cifras oficiales sobre importaciones y exportaciones revela con nitidez que más del 30 por ciento del vino que se vende en Bolivia proviene del contrabando (5) (Ver Cuadro I). Pero, sin duda alguna, se trata de la cifra mínima. Los empresarios y asociaciones de productores ya avanzan evaluaciones más detalladas. “Estimo que hasta un 60 por ciento del mercado boliviano es abastecido por el contrabando”, señala Jorge Canedo, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas (ANIV). Por su parte José Porcel, un economista dedicado al tema vitivinícola, asegura que “al menos cuatro millones, de las 12 millones de botellas de vino que consume el mercado boliviano, provienen del contrabando”.
En el caso de la uva de mesa, un indicador sobre las dimensiones del contrabando provino de los medios chilenos. En septiembre de 2002, los productores bolivianos impusieron mayores controles y organizaron duras protestas contra el ingreso de la uva trasandina. Entonces, el diario La Tercera informó que la restricción “impedirá el ingreso semanal de 6.000 cajas de uva a Bolivia”, vale decir 120 toneladas. Concentraba el ingreso por los pasos fronterizos de Tambo Quemado y Pisiga, pese a que funcionan varios otros sólo en el lado chileno. Para la uva procedente de Argentina atraviesa cuatro puntos de ingreso masivo: Bermejo, Yacuiba, Rejara Camacho y Villazón. En los últimos tres años, también se intensificó el ingreso de la producción peruana.
“Cada año nuestras pérdidas oscilan entre ocho y cuatro millones de dólares, fundamentalmente debido al contrabando”, explica José Sánchez, el presidente de la Asociación Nacional de Viticultores (ANAVIT). Sánchez y sus colaboradores parecen prepararse para la cada vez más compleja batalla anual. La producción boliviana, afectada por ser aún estacional de verano y no sostenida, buscará compradores en las próximas semanas. Mientras tanto, la producción de nuestros tres países vecinos es dueña de los mercados, incluido el tarijeño. En medio de la época de mayor dinámica comercial del año suena casi a una clarinada.
La guerra no declarada se volvió crónica desde hace aproximadamente 30 años. Para proteger sus intereses industriales y productores realizaron esfuerzos desesperados que, a veces, bordearon los límites de la violencia. A principios de los años 90, los productores espontáneamente llegaron a quemar toneladas de cajas de vino que inundaban el país. “En 2002 nos organizamos para coadyuvar a las labores de la Aduana en un comité formado por representantes de cada sector”, señala Amilcar Taboada, ex ejecutivo de la Cadena Uvas, Vinos y Singani.
“Una vez viajamos a territorio argentino y vimos cómo cada día ingresaban a Bolivia siete camiones repletos de vino. Esa cantidad equivalía, en un mes, a lo que nosotros estimábamos entonces ingresaba en un año”, recuerda Sergio Prudencio, ex directivo de ANIV.
FALSIFICACIÓN
El panorama en el presente se presenta más complejo para los vitivinicultores bolivianos. Las conexiones carreteras se han multiplicado, el tipo de cambio del dólar favorece el ingreso de mercadería extranjera y los gremios del comercio han crecido y se han hecho más fuertes. Las consecuencias son evidentes. En Oruro, la calle Ayacucho, es una referencia automática cuando alguien desea comprar vino. En varios casos los comerciantes esperan la mención del pedido específico para mostrar su mercadería recién llegada. Parece haberse desatado el boom del vino argentino “Viñas de Balbo” (6). La botella de 1,25 litros cuesta escasos 15 bolivianos, igual que la más económica de la producción boliviana, pero con casi el doble de contenido. A partir de esa, la variedad se abre a decenas de calidades, marcas y orígenes, bajo garantías relativamente recomendadas por los orureños.
Otra virtual feria abierta del contrabando se halla en la avenida Manko Kapaj de la ciudad de La Paz, a escasas 11 cuadras de la plaza Murillo. Allí las opciones parecen ampliarse. Tanto que en uno de los puestos se ofrece el señorial vino chileno Concha y Toro a 12 bolivianos mientras que en otros la misma botella vale 75. La ausencia de etiquetas y sellos de importación es casi norma, incluso en mercados aún más céntricos de la sede de gobierno.
Responsables de la Guardia Municipal recuerdan que ellos sólo controlan que las bebidas presenten el registro sanitario. “Sin embargo, de manera complementaria, resulta muy evidente la venta de vinos y bebidas de contrabando. En ese caso la tuición le corresponde a la Aduana. Hemos hallado desde los absolutamente prohibidos vinos en caja marca “uvita”, hasta los de alta calidad. No tienen el etiquetado de importación y muchas veces tampoco el registro sanitario”, señala uno de los efectivos. Destaca además el fenómeno de la falsificación y señala que este año incluso detuvieron a una comerciante de la Manko Kapaj con 10 cajas de whisky falsificado y hallaron recurrentemente precarios bidones de vino para la venta a granel. “Hace dos o tres años hallamos una planta de falsificación de Singani Casa Real en una villa paceña”, añade.
También recuerda que en una oportunidad las lluvias y mazamorras afectaron a los puestos de venta de vinos y singanis en esa céntrica zona paceña. “Cuando se inició la evacuación, los comerciantes no quisieron que voluntarios y policías se acerquen a una especie de depósito. Luego, todos nos dimos cuenta que allí había claramente bebidas adulteradas y se las procedía a envasar. Como era una situación de zozobra, todo quedó como una anécdota”.
Un fenómeno complementario se advierte en la parte este de El Alto y también en la paceña zona de Ovejuyo. Grupos de singulares compradores salen a recorrer las calles buscando que se les venda botellas de bebidas, especialmente las de singani (7).
En el Senasag, Freddy Nuñez, uno de los responsables del control sanitario recuerda que existe otra gran puerta abierta a la informalidad y el contrabando. Se ha llegado a detectar que algunas empresas clonan registros sanitarios. Importan legalmente una parte de sus vinos y bebidas mientras que la otra la traen de contrabando y la etiquetan con los duplicados”. En la Aduana y el COA las autoridades sólo prometieron hablar sobre el tema “en el futuro”, reiterativamente.
Así la guerra de la uva boliviana libra al presente una de sus más intensas batallas. “Desde hace años se va permitiendo la proliferación de productores y comercializadores de bebidas con una total irresponsabilidad social y sanitaria”, señala Porcel. “Estamos dando batalla con la cualificación de nuestra producción, beneficiada además por su condición particular de que producimos vinos de altura”, explica Canedo. Nos movilizamos para tener instrumentos de defensa técnicos y legales. Vamos a articulando nuestro sector con los parlamentarios de la Asamblea Plurinacional para que se operativice el cumplimiento de las normas de control”, adelanta Sánchez. Los tres coinciden en que ni éste ni ningún gobierno hasta el presente los ha apoyado. “La guerra la continuamos solos”.
(1) Datos de los directivos de ANAVIT, ANIV y el economista José Porcel.
(2) No existe estudio alguno sobre el fenómeno. Un trabajo de JICA y otro de la Fundación Patiño presentan metodologías y muestras muy limitadas.
(3) Cuadro propio elaborado con datos del INE, la ALADI y NOSIS-ARGENTINA. Agradecemos la ayuda metodológica del especialista en política aduanera y arancelaria Víctor Hugo López
(4) Tabla del Senasag
(5) Tabla del Senasag
Legislación clara, aplicación nula
“Tenemos buenas leyes, incluso se las está por complementar con otras, el problema es que casi no se aplican”, señala José Sánchez. Coinciden en esa convicción los empresarios y estudiosos de la cadena del vino a la hora de reflexionar sobre el contrabando y la falsificación de los productos de la vid. En efecto, de principio existe el conocido marco de la Ley General de Aduanas (Ley 1990 del 28 de julio de 1999) y el Reglamento a la Ley General de Aduanas (D.S. 25870 del 11 de agosto de 2000). Allí se define con extrema claridad la figura del contrabando y las sanciones que este delito implica. También se hallan puntillosamente detalladas las normas que deben respetar los importadores y distribuidores.
Adicionalmente, Bolivia cuenta con al menos siete normas específicamente orientadas a proteger los productos vitivinícolas nacionales. Las leyes 3053, 1232 y 1334 así como los decretos supremos 24777, 28147 y 21881 conforman un elocuente esquema jurídico. Éste abarca desde la identificación de zonas productivas, pasando por los responsables de controles de calidad y envases hasta la importancia del cuidado y promoción de la cadena productora del sector.
La proliferación del mercado ilegal ha motivado además que se planteen nuevas leyes. Los responsables de la Cadena de Uvas, Vinos y Singanis respaldados por el Programa de Fortalecimiento de la Fundación FAUTAPO, propusieron a mediados del año 2010 que se incluya de manera más incisiva y explícita en el Código Penal, las sanciones contra la falsificación y adulteración de vinos y singanis. Las nuevas propuestas quedaron en manos de la brigada parlamentaria de Tarija en la Asamblea Plurinacional.
Mientras tanto, la espera mayor radica en las decisiones políticas que permitan la aplicación efectiva de las leyes. Los responsables del control de las alcaldías de La Paz, El Alto, Oruro, Tarija y Yacuiba, no recuerdan un solo caso en el que se haya sancionado ejemplar mente con penas de cárcel a algún falsificador de bebidas.
Yacuiba, dominio del vino argentino
En la fronteriza ciudad de Yacuiba cualquier información oficial sobre el ingreso ilegal a territorio boliviano de vinos, licores y otras bebidas alcohólicas de origen argentino tiene carácter reservado. Sin embargo, basta un simple recorrido por la ciudad, visitar cualquier tienda de barrio para corroborar que la actividad de contrabando es evidente. Así también lo ha confirmado la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) del Gobierno Municipal de Yacuiba.
Esa instancia municipal, además, reafirmó que nada puede hacer en torno a la venta de esos productos en la ciudad. Sus competencias sólo llegan hasta controlar las fechas de vencimientos y que los contenidos sean reales. Claudia Armella, responsable de Odeco confirmó que en pasados meses cerraron instalaciones ubicadas en la zona norte de la ciudad, donde se envasaban vinos de dudosa procedencia en condiciones no adecuadas.
En ese caso la funcionaria edil reveló que el responsable de la distribución de un reconocido vino tarijeño se dedicaba a comprar damajuanas. Envasaba también otro vino bajo el argumento de que también procedía desde la capital departamental. Este producto era distribuido en la ciudad con el nombre de vino San Juan, comercializado en esos envases de cinco litros. El contenido era trasladado hasta Yacuiba en barriles para luego traspasarlos a damajuanas con el posterior etiquetado del envase.
“Aquí ya son vinos truchos. Nosotros hemos pedido a los comercializadores que no envasen el vino aquí porque esa una actividad ilegal”, señaló Armella.
Licores, vinos, cervezas, whiskies y fernets, entre otros envasados en el vecino país, se venden de manera libre en lugares como la calle 27 de mayo, zona del mercado Lourdes y el populoso Mercado Campesino. Estos productos ingresan al país gracias las facilidades que ofrece el denominado Tráfico Vecinal Fronterizo (TVF) y el régimen simplificado. Los comerciantes utilizan a los bagalleros para internar las bebidas hasta Yacuiba.
Si bien existen 50 kilómetros dentro del territorio boliviano para ingresar productos de este tipo gracias al TVF, estos llegan incluso hasta Villamontes, distante a 90 kilómetros de Yacuiba. Los comercializadores trasladan las bebidas en los servicios de trufis y micros que viajan hasta esa población sin ningún tipo de control aduanero.
Pero las bebidas argentinas también compiten de manera frontal con los vinos bolivianos en los propios estantes de las tiendas.
Estos se hallan casi copados por bebidas ingresadas de contrabando. Los vinos locales apenas aparecen.
Vinos de marca como Michel Torino, Domingo Hermanos y Toro Viejo son los de mayor demanda local. Entre otros están Vino Toro y Vin-UP, este último en envase de cartón, todos ellos de origen argentino. Sus precios son mucho más accesibles en comparación a los vinos bolivianos como Kohlberg, Aranjuez, Campos de Solana y Vilte.
Así lo confirmó uno de los comercializadores de la calle 27 de mayo, principal centro de ventas de bebidas argentinas. Don Jorge, como quiso identificarse, dijo que la población prefiere comprar las bebidas argentinas porque, primero vienen en un envase mayor de 750, 1.250, 3.000 y 5.000 centímetros cúbicos (cc) a diferencia de los vinos tarijeños que en su mayoría sólo llegan de 750 cc.
Los precios también hacen la diferencia. Un vino argentino de 1.250 cc se vende entre 24 y 25 bolivianos. Mientras tanto, uno de Tarija de 750 cc se vende entre 18 y 20 bolivianos.
“La calidad de los vinos de la Argentina que traemos es nomás buena. Por eso es una competencia fuerte con los vinos bolivianos porque estos resultan ser un poco más caros”, señaló Jorge. Al mismo tiempo confirmó que ninguno de los productos argentinos que vende es facturado. “No entregamos facturas porque son productos de la Argentina, los productos bolivianos se pueden facturar”, explicó.
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