Bolivia apela a EE.UU. para que mantenga beneficios arancelarios
El Gobierno y los empresarios bolivianos instaron ayer a Estados Unidos a mantener las ventajas aduaneras de las que goza el país andino, ante el peligro de una pérdida de empleo masiva y un incremento en el narcotráfico.El Presidente George W. Bush inició hace un mes el proceso para suspender esos beneficios por considerar que Bolivia no combate las drogas con suficiente energía.
Ayer los representantes del país tuvieron la única oportunidad de explicarse en una audiencia en la Oficina de Comercio Exterior de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) ante un panel de nueve personas de las principales agencias del Gobierno de Estados Unidos.
La delegación, encabezada por el Ministro de Finanzas, Luis Arce, destacó la importancia económica del programa para Bolivia, del que dependen 25.000 empleos, según un documento oficial presentado en la audiencia, pero sus comentarios fueron recibidos con escepticismo por algunos miembros del panel.
Mientras, en Puerto Vallarta (México), la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, reiteró que la intención de la administración de Bush es sacar a Bolivia del programa, del que también se benefician Perú, Ecuador y Colombia.
El 31 de octubre se cerrará el período de comentarios públicos, tras lo cual el Gobierno tomará una decisión final.
El proceso llega en un momento de gran tensión en las relaciones de ambos países, agudizada después de la expulsión por parte del Presidente Evo Morales del Embajador estadounidense en La Paz, a lo que Estados Unidos respondió con una orden de salida para el Embajador boliviano en Washington.
En la audiencia no se habló de este incidente, pese a que parece haber sido la gota que colmó el vaso para la Casa Blanca y el detonante de la decisión de tomar medidas para suspender los beneficios a Bolivia.
En su lugar, la discusión se ciñó al desempeño de Bolivia en el marco de la llamada Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas (ATPDEA, por su sigla en inglés), que permite la entrada a EE.UU. de gran parte de los productos bolivianos sin el pago de aranceles a cambio de su cooperación en el combate al narcotráfico.
"Esperamos que el Gobierno de Estados Unidos reconozca nuestros esfuerzos para reducir la producción de coca, para luchar contra las drogas y nos dé la oportunidad de seguir reduciendo la pobreza", dijo, en inglés, Arce.
Por su parte, Felipe Cáceres, el encargado del combate al narcotráfico en Bolivia, alertó de las consecuencias de la supresión de los beneficios arancelarios.
"Se cerrarían fábricas y estoy segurísimo de que toda esta gente engrosaría las filas del narcotráfico, especialmente en El Alto de La Paz", dijo Cáceres.
A su turno, Peter Weiss, un empresario que habló en nombre de la Cámara de Exportadores de Bolivia (Caneb), advirtió de que sin los trabajos alternativos creados gracias al programa aumentará la emigración.
Esos argumentos parecieron hacer poca mella en algunos de los funcionarios que les escuchaban.
Bennett Harman, sub representante de Comercio Exterior para América Latina, señaló que el Gobierno de Evo Morales "ha fomentado" el cultivo de coca y no ha tomado medidas contra el lavado de dinero.
También recordó la expulsión de personal de la Agencia antidroga estadounidense (DEA) y de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) de Estados Unidos de las áreas principales de cultivo de coca en Bolivia.
Por su parte, Bradley Hittle, uno de los directivos de la Oficina Nacional de Control de Drogas, afirmó que desde 2006 la Casa Blanca ha instado a Bolivia a adoptar doce medidas contra el narcotráfico.
"De ellas una se ha logrado y Bolivia rechazó o hizo caso omiso de once", dijo. Cáceres admitió que queda trabajo por hacer.
Brilló por su ausencia en la reunión en la USTR la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que ha sido el adalid primordial del ATPDEA y el libre comercio en el país, pero que no ha hablado en favor de Bolivia.
El principal defensor de los beneficios arancelarios en el Congreso, el demócrata Eliot Engel, envió una declaración por escrito en la que calificó la expulsión del embajador estadounidense como "injusta" y señaló que es motivo para revisar la ayuda de su país.
Aún así, Engel, quien preside el subcomité de América Latina en la Cámara Baja, dijo creer que la suspensión de las ventajas arancelarias sería un error y fomentaría el anti-americanismo en Bolivia.
Ningún otro congresista ha alzado la voz públicamente en favor de Bolivia.
Ayer los representantes del país tuvieron la única oportunidad de explicarse en una audiencia en la Oficina de Comercio Exterior de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) ante un panel de nueve personas de las principales agencias del Gobierno de Estados Unidos.
La delegación, encabezada por el Ministro de Finanzas, Luis Arce, destacó la importancia económica del programa para Bolivia, del que dependen 25.000 empleos, según un documento oficial presentado en la audiencia, pero sus comentarios fueron recibidos con escepticismo por algunos miembros del panel.
Mientras, en Puerto Vallarta (México), la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, reiteró que la intención de la administración de Bush es sacar a Bolivia del programa, del que también se benefician Perú, Ecuador y Colombia.
El 31 de octubre se cerrará el período de comentarios públicos, tras lo cual el Gobierno tomará una decisión final.
El proceso llega en un momento de gran tensión en las relaciones de ambos países, agudizada después de la expulsión por parte del Presidente Evo Morales del Embajador estadounidense en La Paz, a lo que Estados Unidos respondió con una orden de salida para el Embajador boliviano en Washington.
En la audiencia no se habló de este incidente, pese a que parece haber sido la gota que colmó el vaso para la Casa Blanca y el detonante de la decisión de tomar medidas para suspender los beneficios a Bolivia.
En su lugar, la discusión se ciñó al desempeño de Bolivia en el marco de la llamada Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas (ATPDEA, por su sigla en inglés), que permite la entrada a EE.UU. de gran parte de los productos bolivianos sin el pago de aranceles a cambio de su cooperación en el combate al narcotráfico.
"Esperamos que el Gobierno de Estados Unidos reconozca nuestros esfuerzos para reducir la producción de coca, para luchar contra las drogas y nos dé la oportunidad de seguir reduciendo la pobreza", dijo, en inglés, Arce.
Por su parte, Felipe Cáceres, el encargado del combate al narcotráfico en Bolivia, alertó de las consecuencias de la supresión de los beneficios arancelarios.
"Se cerrarían fábricas y estoy segurísimo de que toda esta gente engrosaría las filas del narcotráfico, especialmente en El Alto de La Paz", dijo Cáceres.
A su turno, Peter Weiss, un empresario que habló en nombre de la Cámara de Exportadores de Bolivia (Caneb), advirtió de que sin los trabajos alternativos creados gracias al programa aumentará la emigración.
Esos argumentos parecieron hacer poca mella en algunos de los funcionarios que les escuchaban.
Bennett Harman, sub representante de Comercio Exterior para América Latina, señaló que el Gobierno de Evo Morales "ha fomentado" el cultivo de coca y no ha tomado medidas contra el lavado de dinero.
También recordó la expulsión de personal de la Agencia antidroga estadounidense (DEA) y de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) de Estados Unidos de las áreas principales de cultivo de coca en Bolivia.
Por su parte, Bradley Hittle, uno de los directivos de la Oficina Nacional de Control de Drogas, afirmó que desde 2006 la Casa Blanca ha instado a Bolivia a adoptar doce medidas contra el narcotráfico.
"De ellas una se ha logrado y Bolivia rechazó o hizo caso omiso de once", dijo. Cáceres admitió que queda trabajo por hacer.
Brilló por su ausencia en la reunión en la USTR la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que ha sido el adalid primordial del ATPDEA y el libre comercio en el país, pero que no ha hablado en favor de Bolivia.
El principal defensor de los beneficios arancelarios en el Congreso, el demócrata Eliot Engel, envió una declaración por escrito en la que calificó la expulsión del embajador estadounidense como "injusta" y señaló que es motivo para revisar la ayuda de su país.
Aún así, Engel, quien preside el subcomité de América Latina en la Cámara Baja, dijo creer que la suspensión de las ventajas arancelarias sería un error y fomentaría el anti-americanismo en Bolivia.
Ningún otro congresista ha alzado la voz públicamente en favor de Bolivia.
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